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Por: Equipo Editorial
En una medida que desafía la creciente tendencia antiinmigración en gran parte de Europa, el gobierno español ha aprobado un programa de amnistía que permitirá a aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados solicitar un estatus legal. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Pedro Sánchez mediante un real decreto, busca integrar formalmente a esta población en la fuerza laboral y mitigar los desafíos demográficos de una sociedad cada vez más envejecida.
El proceso de regularización extraordinaria abrió sus puertas el 16 de abril de 2026. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, los solicitantes pueden iniciar sus trámites de forma electrónica desde el 16 de abril, y de manera presencial a partir del 20 de abril. El plazo de solicitud cierra el 30 de junio. Para ser elegibles, los inmigrantes deben demostrar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, que han residido en el país durante al menos cinco meses y que carecen de antecedentes penales. Quienes cumplan los requisitos obtendrán un permiso de residencia y trabajo válido por un año, con la posibilidad de solicitar otros permisos posteriormente.
Inmigrantes en España aguardan el inicio del proceso de regularización extraordinaria. Crédito: InfoMigrants
El presidente Sánchez ha defendido la medida calificándola como “un acto de justicia y una necesidad”, subrayando que el dinamismo de los inmigrantes es fundamental para sostener el crecimiento económico de España. Actualmente, la economía española es una de las de más rápido crecimiento en Europa, impulsada en parte por la mano de obra extranjera. En los últimos años, la población de España ha crecido hasta los 50 millones de habitantes, con aproximadamente uno de cada cinco residentes nacidos fuera del país, muchos de ellos provenientes de naciones latinoamericanas como Colombia y Venezuela.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de controversia. Los partidos de oposición, como el Partido Popular, han criticado fuertemente el decreto, argumentando que podría generar un “efecto llamada” para más migración irregular. Los sindicatos de funcionarios de extranjería también advierten sobre la falta de recursos y personal para procesar el inminente alud de solicitudes. A pesar de las críticas, organizaciones de derechos humanos celebran la decisión como un paso vital para sacar a miles de familias de la economía sumergida y garantizar sus derechos fundamentales, en un momento en que el resto de Europa endurece sus políticas migratorias.