Barreras Falsas contra la Vacunación COVID

Se supone que las vacunas contra el coronavirus son gratuitas y están disponibles para todos en Estados Unidos, independientemente de su seguro o de su situación migratoria. Para algunos, no ha sido así.

Cortesía de Propublica, vaccine-barriers

Cortesía de Propublica, vaccine-barriers

Se supone que las vacunas contra el coronavirus son gratuitas y están disponibles para todos en Estados Unidos, independientemente de su seguro o de su situación migratoria. Para algunos, no ha sido así.

Si usted o su familia han tenido dificultades para obtener una vacuna contra COVID-19, por favor llene nuestro cuestionario.

Mientras Estados Unidos trata de poner fin a su crisis de coronavirus y superar las variantes, los funcionarios de salud pública reconocen que es esencial que se vacune el mayor número de personas posible. Lograr que eso sea fácil es parte principal del plan. De acuerdo con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus, la vacuna debe ser gratuita para todos, estén o no asegurados. Además, la administración de Biden ordenó que, “por imperativa moral y de salud pública”, todos los sitios de vacunación deben aceptar a los inmigrantes indocumentados. Aún así, ProPublica encontró que esa promesa no siempre se ha cumplido.

En los centros de vacunación de todo el país, se ha rechazado a personas tras pedirles una documentación que no es necesario que presenten. A veces se les ha pedido que paguen cuando no debían nada.

En parte, esto ha ocurrido porque las empresas que administran la vacuna intentan recuperar las tasas administrativas que se les permite cobrar al gobierno y a las aseguradoras privadas. Para ayudarles a pasar la factura, las principales farmacias piden a los vacunados su número del Seguro Social y datos de seguro médico. Se supone que no deben negarle la vacuna a nadie que no tenga cobertura, ni que los obliguen a pagar los cargos. Sin embargo, ambas cosas han sucedido.

Los trabajadores de los centros de vacunación también han rechazado a personas que consideraban que no aportaban pruebas suficientes de que pertenecían a un grupo calificado, exigiendo ver sus historiales médicos u otros comprobantes de enfermedades subyacentes. Aunque la gran mayoría de los estados no exige esa documentación, los funcionarios no siempre lo han comunicado con suficiente claridad.

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