El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de mantener la prohibición de posesión de armas para individuos sujetos a órdenes de restricción por violencia doméstica. Este fallo confirma la constitucionalidad de la sección 922(g)(8) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

La decisión surge en el caso de Zackey Rahimi, quien había sido acusado de violar dicha sección tras habérsele emitido una orden de restricción por conducta violenta contra su pareja. Rahimi argumentó que la ley violaba su derecho constitucional a portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda.

El Tribunal Supremo, en una decisión mayoritaria, sostuvo que cuando una persona es considerada una amenaza creíble para la seguridad física de otro, se puede imponer una restricción temporal en su derecho a poseer armas de fuego. Esta decisión se basa en la tradición histórica de regulaciones de armas que buscan prevenir el daño físico.

Análisis histórico

El fallo se apoya en un análisis de las leyes históricas de armas en Estados Unidos, destacando que desde la fundación de la nación, ha habido regulaciones destinadas a impedir que individuos peligrosos usen armas de fuego para causar daño. La Corte señaló que la ley en cuestión es consistente con estas tradiciones regulatorias.

El tribunal revisó también el precedente establecido en casos como District of Columbia v. Heller y New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen, confirmando que la prohibición de armas a individuos con órdenes de restricción no infringe el derecho a portar armas en el hogar, como sugieren estos precedentes.

La Corte concluyó que la sección 922(g)(8) es constitucional, incluso cuando se aplica a individuos que argumentan su derecho bajo la Segunda Enmienda. El fallo subraya que esta regulación específica está destinada a proteger a víctimas potenciales de violencia y se ajusta a la tradición de leyes que buscan impedir el uso de armas para amenazar o causar daño.