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Por: Equipo Editorial
El proyecto de reconciliación presupuestaria republicano propone recortes masivos a Medicaid y SNAP, cambios migratorios drásticos y extensiones de los recortes fiscales de 2017, con un costo estimado de $3.3 billones de dólares
El Senado de Estados Unidos retomó esta semana el debate sobre el llamado “One Big Beautiful Bill Act” (La Ley del Gran y Hermoso Proyecto de Ley), el ambicioso proyecto de reconciliación presupuestaria del presidente Donald Trump que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en abril. El proyecto, que los republicanos buscan aprobar mediante el proceso de reconciliación presupuestaria para evitar el umbral de 60 votos en el Senado, tiene un costo estimado de $3.3 billones de dólares en déficit adicional a lo largo de una década, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). El proyecto de ley es el eje central de la agenda legislativa de Trump y contiene disposiciones que afectarían profundamente a la comunidad latina en Estados Unidos.
El proceso en el Senado ha sido turbulento. Los republicanos del Senado han propuesto cambios significativos respecto a la versión aprobada por la Cámara, incluyendo recortes más profundos a Medicaid y una reducción mayor de la deducción SALT (impuestos estatales y locales). El líder de la mayoría del Senado, John Thune, enfrenta la difícil tarea de mantener unida a su caucus, ya que varios senadores republicanos moderados han expresado reservas sobre los recortes a Medicaid, mientras que los conservadores de línea dura presionan por cortes aún más agresivos. Trump ha presionado públicamente a los senadores republicanos para que aprueben el proyecto “tal como está”, aunque se esperan modificaciones antes de la votación final.
Los recortes a Medicaid: el punto más polémico
El aspecto más controvertido del proyecto de ley son los recortes a Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos que cubre a más de 80 millones de estadounidenses. Según el análisis del CBO, la versión de la Cámara reduciría la cobertura de Medicaid en más de 8 millones de personas a lo largo de una década. Los principales cambios propuestos incluyen nuevos requisitos de trabajo para los beneficiarios de Medicaid de entre 19 y 64 años que no tengan dependientes, la eliminación de los inmigrantes indocumentados de la elegibilidad para Medicaid, la realización de revisiones de elegibilidad al menos cada seis meses para todos los beneficiarios, el aumento de los copagos para los beneficiarios que ganen más del nivel federal de pobreza, y el aumento de los requisitos de papeleo para la verificación de ingresos y residencia.
Para la comunidad latina, estos cambios son especialmente significativos. Los latinos representan aproximadamente el 30% de los beneficiarios de Medicaid en Estados Unidos, a pesar de constituir solo el 19% de la población total. Organizaciones como el Consejo Nacional de La Raza (UnidosUS) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) han advertido que los recortes a Medicaid afectarían desproporcionadamente a las familias latinas, muchas de las cuales tienen ingresos bajos y trabajan en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, donde la cobertura de salud privada es escasa. “Estos recortes son un ataque directo a la salud de las familias latinas”, declaró el presidente de UnidosUS en un comunicado reciente.
Recortes al SNAP y otras disposiciones
Además de los recortes a Medicaid, el proyecto de ley propone reducir el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, conocido popularmente como “food stamps”) en aproximadamente $230,000 millones a lo largo de diez años. Esto reduciría la participación en el programa en aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses que actualmente lo reciben. Las familias latinas, que representan alrededor del 25% de los beneficiarios de SNAP, serían nuevamente afectadas de manera desproporcionada. El proyecto también incluye la extensión de los recortes fiscales de 2017 (la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos), que principalmente benefician a los contribuyentes de altos ingresos, así como la eliminación de impuestos sobre las propinas y el trabajo de horas extra, dos promesas de campaña de Trump.
En materia de inmigración, el proyecto de ley incluye $50,000 millones para la construcción del muro fronterizo con México, $150,000 millones en gasto de defensa para el sistema de misiles “Golden Dome” y otras iniciativas militares, y cambios en los programas de visas que afectarían a los inmigrantes legales. El proyecto también incluye disposiciones que eliminarían el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque esta disposición enfrenta serios obstáculos legales y políticos. Los demócratas se oponen unánimemente al proyecto de ley, y algunos republicanos moderados también han expresado reservas sobre los recortes a Medicaid y el impacto en el déficit.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
El Senado enfrenta un proceso complicado. Los republicanos intentaron avanzar con el proyecto de ley antes del receso del Día de los Caídos, pero la oposición interna lo impidió. El líder Thune ha prometido que el Senado votará sobre el proyecto “en las próximas semanas”. Sin embargo, el proceso de “vote-a-rama” (maratón de votaciones de enmiendas) en el Senado puede ser impredecible, y los demócratas han prometido presentar cientos de enmiendas para ralentizar el proceso y obligar a los republicanos a votar sobre disposiciones polémicas.
Para los latinos en Estados Unidos, el resultado de este debate legislativo tendrá consecuencias directas en su vida cotidiana. Desde el acceso a la atención médica hasta la seguridad alimentaria, pasando por las políticas migratorias, el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump es, en muchos sentidos, el proyecto de ley más importante para la comunidad latina en años. Las organizaciones latinas de defensa de derechos están llamando a sus miembros a contactar a sus senadores y expresar su oposición a los recortes a Medicaid y SNAP. “Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada visita a una oficina de senador cuenta”, señaló el director de LULAC. “Nuestras familias merecen una voz en este debate.”
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