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Por: Equipo Editorial
La administración Trump ha propuesto una nueva y controvertida normativa que podría despojar a cientos de miles de solicitantes de asilo de su derecho a trabajar legalmente en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumenta que la medida busca frenar las solicitudes “frívolas”, pero defensores de los inmigrantes advierten sobre consecuencias económicas devastadoras.
Según los detalles de la propuesta revelados esta semana, el gobierno podría pausar la emisión y renovación de permisos de trabajo durante períodos de alta acumulación de casos. Con un retraso actual que supera los 1.4 millones de casos de asilo en los tribunales de inmigración, las estimaciones oficiales sugieren que la emisión de nuevos permisos podría detenerse por un período de entre 14 y 173 años.
Si la regla entra en vigor, al menos medio millón de solicitantes de asilo se verían afectados de manera inmediata. El propio DHS estima que esta restricción laboral causaría una pérdida salarial masiva, calculada entre 27,000 millones y 127,000 millones de dólares anuales, lo que impactaría no solo a las familias inmigrantes sino también a las economías locales que dependen de esta fuerza laboral.
El gobierno defiende la medida afirmando que el sistema actual incentiva reclamaciones fraudulentas. “Durante demasiado tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido un camino fácil para trabajar en los Estados Unidos, abrumando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito”, declaró el DHS. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que la política castigará injustamente a quienes huyen de la persecución legítima, forzándolos a la pobreza extrema mientras esperan que sus casos sean resueltos.
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