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Por: Equipo Editorial
La administración del presidente Donald Trump ha anunciado una nueva y controvertida política migratoria que requerirá que los solicitantes de asilo en Estados Unidos paguen una tarifa anual de $100 dólares mientras sus casos estén pendientes en los tribunales de inmigración. La medida, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entrará en vigor el próximo 29 de mayo de 2026.
Esta nueva regulación representa un cambio drástico en el sistema de asilo estadounidense, que históricamente ha sido gratuito para quienes huyen de la persecución y buscan refugio. Según el documento oficial, la tarifa aplicará a cualquier persona con un Formulario I-589 (Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción) que haya estado pendiente durante 365 días calendario.
Consecuencias de no pagar
La regla establece consecuencias severas para quienes no cumplan con el pago anual. El documento advierte explícitamente que el no pagar la tarifa en la fecha límite o antes ‘puede afectar negativamente su solicitud, incluyendo, entre otros, un retraso en el procesamiento’. Más alarmante aún para los defensores de los derechos de los inmigrantes, el impago podría ser utilizado como motivo para denegar la solicitud de asilo o incluso iniciar procedimientos de deportación por incumplimiento administrativo.
Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de inmigrantes han condenado rápidamente la medida. Argumentan que imponer una carga financiera a personas que a menudo llegan al país con recursos extremadamente limitados, y a quienes frecuentemente se les prohíbe trabajar legalmente durante meses o años mientras esperan una decisión, es injusto y punitivo.
El impacto en las familias hispanas
Se espera que esta política tenga un impacto desproporcionado en las familias y migrantes provenientes de América Latina, quienes conforman una gran parte de los solicitantes de asilo en la frontera sur. Con los tribunales de inmigración enfrentando un retraso récord de millones de casos, muchos solicitantes podrían verse obligados a pagar esta tarifa anual durante cinco, siete o incluso diez años antes de recibir una decisión final de un juez de inmigración.
La administración defiende la tarifa argumentando que ayudará a recuperar los costos administrativos de procesar las solicitudes y mantener los registros biométricos, además de disuadir lo que califican como reclamos de asilo ‘frívolos’ o ‘fraudulentos’. Se espera que la medida enfrente desafíos legales inmediatos en tribunales federales por parte de organizaciones de derechos civiles antes de su fecha de implementación.
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