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Por: Equipo Editorial
Un cambio histórico que afectaría a millones de personas en proceso de residencia permanente
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció el jueves 22 de mayo una nueva política que representa uno de los cambios más significativos en el sistema de inmigración estadounidense en décadas. A partir de ahora, los inmigrantes que se encuentran en el país con una visa temporal — incluyendo estudiantes, trabajadores temporales y personas con visa de turista — y que deseen obtener la tarjeta verde (residencia permanente) deberán regresar a su país de origen para solicitar el cambio de estatus a través del Departamento de Estado, excepto en “circunstancias extraordinarias”.
El proceso que se elimina, conocido como “ajuste de estatus” (Adjustment of Status o AOS), permitía a los inmigrantes solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos, presentando el formulario I-485 directamente ante el USCIS. La nueva política, anunciada mediante un memorando de política oficial, instruye a los oficiales de inmigración a considerar todos los factores relevantes caso por caso al determinar si un inmigrante merece este “alivio extraordinario”.
Las palabras del USCIS: “Volvemos a la intención original de la ley”
“Estamos volviendo a la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación. De ahora en adelante, un extranjero que esté en EE. UU. temporalmente y quiera una tarjeta verde debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias. Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione como la ley pretendía, en lugar de incentivar lagunas legales”, declaró el portavoz del USCIS, Zach Kahler.
El funcionario añadió que los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visa de turista, vienen a EE. UU. por un tiempo corto y para un propósito específico. “Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando su visita termine. Su visita no debería funcionar como el primer paso en el proceso de la tarjeta verde”, señaló Kahler, argumentando que seguir la ley permitirá que la mayoría de estos casos sean manejados por el Departamento de Estado en las oficinas consulares de EE. UU. en el extranjero, liberando recursos limitados del USCIS para enfocarse en otros casos prioritarios.
¿A quiénes afecta esta nueva política?
El impacto de esta medida es potencialmente enorme. Según estimaciones de organizaciones de derechos de inmigrantes, hay actualmente entre 700,000 y 900,000 personas en proceso de ajuste de estatus en Estados Unidos que podrían verse afectadas por este cambio. Entre los más vulnerables se encuentran los trabajadores con visa H-1B (trabajadores especializados), los estudiantes con visa F-1 que se casaron con ciudadanos estadounidenses o que tienen un empleador dispuesto a patrocinarlos, y los titulares de visas de turista B-1/B-2 que tienen familiares ciudadanos estadounidenses.
Para las comunidades latinoamericanas en particular, esta medida tiene implicaciones profundas. Muchos inmigrantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y otros países de América Latina que llevan años viviendo y trabajando legalmente en EE. UU. con visas temporales, y que están en proceso de obtener su residencia permanente, ahora podrían verse obligados a regresar a sus países de origen para completar el proceso consular, con todos los riesgos y costos que eso conlleva.
Las consecuencias prácticas: costos, riesgos y separación familiar
Los abogados de inmigración advierten que el procesamiento consular, aunque es el método “estándar” para obtener la residencia permanente, conlleva riesgos significativos que el ajuste de estatus evitaba. El principal de ellos es la “barra de inadmisibilidad”: si una persona ha permanecido en EE. UU. más de 180 días sin estatus legal (overstay), al salir del país se activa automáticamente una prohibición de reingreso de 3 o 10 años, dependiendo del tiempo de permanencia ilegal.
Además, el proceso consular puede tardar meses o incluso años, durante los cuales el solicitante debe permanecer fuera de EE. UU., separado de su familia, su trabajo y su vida construida en el país. Los costos también son significativamente mayores: mientras que el ajuste de estatus tiene un costo aproximado de $1,760 en tarifas del gobierno, el procesamiento consular puede costar más de $3,200, sin contar los gastos de viaje, alojamiento en el extranjero y honorarios de abogados.
La organización MIRA Coalition, que defiende los derechos de los inmigrantes, calificó la medida como “una política cruel que separará familias y destruirá vidas”. Por su parte, la organización World Relief señaló que la nueva política podría resultar en la separación de hasta 910,000 niños ciudadanos estadounidenses de uno o ambos padres. El Congreso y los grupos de defensa de inmigrantes ya han anunciado que estudiarán acciones legales para impugnar la nueva directiva.
¿Qué deben hacer los afectados?
Si usted o un familiar se encuentra actualmente en proceso de ajuste de estatus en Estados Unidos, los expertos en inmigración recomiendan consultar de inmediato con un abogado de inmigración calificado para evaluar su situación específica. No tome decisiones precipitadas, ya que la nueva política podría ser impugnada judicialmente y su aplicación podría variar según las circunstancias individuales. Documente su historial de estatus migratorio legal, mantenga actualizados todos sus documentos de inmigración y evite cualquier viaje internacional hasta tener claridad sobre cómo esta nueva política afecta su caso. Recuerde que cada situación es diferente y que lo que aplica para una persona puede no aplicar para otra.
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