El devastador corrimiento de tierras ocurrido el 25 de mayo en la provincia de Enga, Papúa Nueva Guinea, ha dejado un saldo de más de 2000 muertos y afectado a más de 7840 personas. Las operaciones de rescate continúan mientras las autoridades y organizaciones internacionales intentan gestionar la crisis humanitaria.
Según el Centro Nacional de Catástrofes, el desastre fue provocado por intensas lluvias que desestabilizaron el terreno, sepultando viviendas y campos de cultivo bajo hasta ocho metros de tierra. Solo seis cuerpos han sido recuperados hasta ahora, lo que subraya la magnitud de la tragedia.
Ayuda humanitaria en marcha
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y sus socios, junto con las autoridades locales, se movilizan rápidamente para asistir a los afectados. Serhan Aktoprak, responsable de la Misión de la OIM en Papúa Nueva Guinea, ha destacado los retos que enfrentan, incluyendo el acceso limitado debido a carreteras bloqueadas y el riesgo continuo de más deslizamientos.
Más de 1650 personas han sido desplazadas, muchas de las cuales ya habían huido de conflictos tribales, lo que agrava su vulnerabilidad. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informa que más del 40% de los afectados son menores de 16 años, y está trabajando para proporcionar kits de higiene y evaluar otras necesidades urgentes.
El portavoz regional de la OIM para Asia y el Pacífico, Itayi Viriri, señaló que las condiciones siguen siendo extremadamente difíciles y peligrosas, y expresó preocupación por la posible contaminación de las fuentes de agua potable debido a los escombros.
La respuesta humanitaria se centra en proporcionar acceso a agua limpia, alimentos, ropa y otros suministros esenciales para aliviar las penurias de los sobrevivientes. La situación sigue siendo crítica, y las autoridades están en alerta ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.
