La implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Petro enfrenta desafíos: débil ejecución presupuestaria y problemas de seguridad en los territorios.
El Gobierno de Petro: Lenta Implementación y Débil Ejecución Presupuestaria del Acuerdo de Paz
Tras más de un año en el poder, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas por la lenta implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. El informe “De la capital al territorio”, elaborado por la Asamblea Nacional, arroja luz sobre la situación actual. Aunque Petro ha aumentado el financiamiento para el acuerdo, la ejecución de los fondos ha sido decepcionante.
Hoy, cuando se cumplen siete años desde la “primera firma” del acuerdo de paz en 2016, es evidente que los avances son insuficientes. El entusiasmo inicial se ha desvanecido, y la promesa de acelerar la implementación del acuerdo parece lejana.
Uno de los principales problemas señalados en el informe es la ejecución presupuestaria. Aunque se ha asignado un mayor presupuesto a entidades clave como la Autoridad de Reconsolidación y Normalización (ARN), la Unidad de Compensación de Tierras y otras, la ejecución de estos fondos es débil. Esto es especialmente preocupante en el caso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), responsable de asignar tierras a agricultores y comunidades sin títulos de propiedad. A pesar de un presupuesto de 1,9 billones de dólares para 2023, solo se ha ejecutado el 7,3% hasta mayo de ese año.
La Agencia de Renovación Territorial y la Unidad para las Víctimas también enfrentan problemas de ejecución presupuestaria, lo que impacta en la compensación de las víctimas. La Unidad de Atención a las Víctimas ha indemnizado a menos personas en 2023 en comparación con el año anterior, lo que prolonga el tiempo necesario para compensar a todas las víctimas registradas.
El presidente Petro ha reconocido la falta de recursos para cumplir con el acuerdo de paz, pero el informe sugiere que no se ha acelerado la implementación de manera significativa. Además, de los 5.300 millones de dólares requeridos para implementar zonas PDET, solo se han concretado 87 mil millones de dólares, el 16,4% del total necesario.
La seguridad en los territorios es otro punto preocupante. Los índices de violencia han aumentado desde 2017, y el año 2022 fue particularmente violento. Secuestros y extorsiones siguen siendo una gran preocupación.
En resumen, el gobierno de Petro enfrenta desafíos en la implementación del acuerdo de paz, caracterizada por una ejecución presupuestaria deficiente y problemas de seguridad en los territorios. A pesar de las promesas de acelerar el proceso, los avances siguen siendo insuficientes.
