La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción hasta el 9 de junio de 2024. Con 57 votos a favor, esta medida permite la suspensión de derechos constitucionales específicos como la defensa de los detenidos y la realización de intervenciones telefónicas sin orden judicial.
El Gobierno asegura que la prórroga es crucial para continuar la lucha efectiva contra las pandillas. Según datos oficiales, bajo este régimen se han capturado a más de 79,947 individuos catalogados como terroristas y se han registrado extensos períodos sin homicidios.
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Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre diversos sectores que advierten sobre el riesgo de abusos de derechos humanos y la falta de transparencia en las detenciones. Los críticos argumentan que el régimen de excepción podría estar comprometiendo garantías fundamentales bajo la premisa de seguridad.
La aprobación se llevó a cabo en una sesión extraordinaria, destacando la posición de varios diputados que, como el diputado Christian Guevara, enfatizaron la importancia de esta medida para mantener a los pandilleros fuera de las calles y asegurar la paz pública.
A pesar de la controversia, el apoyo a la prórroga sugiere un consenso legislativo fuerte en favor de las estrategias de seguridad del ejecutivo, lo que refleja la prioridad que el gobierno otorga a la lucha contra las pandillas en su agenda política.
