WASHINGTON / SACRAMENTO — En una victoria significativa para los defensores de los derechos de los inmigrantes, una jueza federal ordenó al gobierno de los Estados Unidos permitir el regreso de una beneficiaria de DACA de California que había sido deportada ilegalmente a México el mes pasado.
La jueza de distrito Dena Coggins, en Sacramento, otorgó al gobierno un plazo de siete días para traer de vuelta a María de Jesús Estrada Juárez, de 42 años, y restaurar sus protecciones bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), “como si su expulsión del 19 de febrero de 2026 nunca hubiera ocurrido”.
Estrada Juárez, quien trabajaba como gerente regional para una cadena de hoteles, fue detenida y deportada un día después de presentarse a una cita programada de inmigración en Sacramento para solicitar su residencia permanente a través de su hija ciudadana estadounidense de 22 años.
La jueza Coggins dictaminó que Estrada Juárez “fue removida en flagrante violación de las protecciones regulatorias que se le otorgan bajo DACA, y en violación de las protecciones constitucionales otorgadas a ella bajo la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda”. Tras conocer la decisión, Estrada Juárez expresó estar “abrumada de alivio y esperanza”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que había reinstaurado una orden de expulsión acelerada de 1998, cuando Estrada Juárez tenía 15 años. Sin embargo, su abogada, Stacy Tolchin, señaló que el expediente mostraba que dicha orden nunca tuvo aprobación supervisora y nunca fue finalizada. Actualmente hay más de 515,000 beneficiarios de DACA en los Estados Unidos, con California albergando a 144,000 de ellos.
Nueva orden ejecutiva apunta a contratistas federales
En el ámbito de las políticas gubernamentales, la administración actual ha intensificado sus esfuerzos para eliminar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). El presidente Donald Trump firmó el 26 de marzo una orden ejecutiva titulada “Abordar la discriminación DEI por parte de contratistas federales”.
La medida exige que todos los contratos federales incluyan una cláusula que prohíba a los contratistas y subcontratistas participar en lo que la administración denomina “actividades DEI racialmente discriminatorias”. Además, autoriza a las agencias a cancelar, terminar o suspender contratos, y a inhabilitar a los contratistas por incumplimiento. La Oficina de Gestión y Presupuesto deberá emitir directrices para garantizar el cumplimiento.
La Casa Blanca argumenta que los programas DEI imponen costos reales, restringen artificialmente el mercado laboral y aumentan los costos operativos. Sin embargo, críticos y organizaciones de derechos civiles advierten que esta orden podría desmantelar años de progreso en la creación de entornos laborales equitativos para minorías, incluyendo a la comunidad hispana que representa una fuerza laboral vital en el sector de la construcción y contratación federal.
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