Asamblea Legislativa aprueba 23ª prórroga del régimen de excepción
Con 67 votos, diputados prolongan el régimen de excepción por 30 días más, buscando mantener la paz y seguridad en el país.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado un nuevo paso en la consolidación de la seguridad ciudadana y la paz social en el país, al aprobar con 67 votos la vigésima tercera prórroga del régimen de excepción. Esta medida, que ha sido clave para la detención de más de 7 mil integrantes de estructuras criminales, busca prolongar los días de paz y seguridad que los salvadoreños han comenzado a disfrutar.
Durante la sesión plenaria número 143, se destacó el impacto positivo que ha tenido el régimen de excepción en la lucha contra las pandillas, contribuyendo a que, hasta la fecha, se registren días consecutivos sin homicidios a nivel nacional. El 8 de febrero se marcó como otro día sin muertes provocadas por la violencia, sumando ya seis días en el mes con esta estadística positiva.
Los diputados, entre ellos Walter Coto y Dania González, han enfatizado el deseo de la población salvadoreña de continuar viviendo en un ambiente de paz y seguridad, un anhelo que fue expresado claramente en las urnas durante las recientes elecciones. Esta prórroga del régimen de excepción refleja el compromiso del gobierno y la Asamblea Legislativa con la protección de los ciudadanos honrados y la erradicación de la violencia pandillera.
El legislador Walter Alemán afirmó que la decisión de mantener vigente esta herramienta legislativa responde al clamor popular por la continuidad de las políticas de seguridad que han transformado a El Salvador en una nación más segura. A pesar de las críticas y preocupaciones expresadas por organismos internacionales y sectores de la sociedad civil respecto a los derechos humanos y las libertades individuales, el gobierno y la Asamblea reiteran su determinación de no dar un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado.
Esta nueva prórroga del régimen de excepción subraya la prioridad que se le otorga a la seguridad ciudadana en la agenda política del país, al tiempo que plantea desafíos en cuanto al equilibrio entre la efectividad en la reducción del crimen y el respeto a los derechos fundamentales de los salvadoreños. La medida, si bien celebrada por muchos, también genera un debate sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas políticas de seguridad y su impacto en la sociedad salvadoreña.
