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Por: Equipo Editorial
El panorama político en Perú comienza a aclararse, aunque a paso lento, tras las caóticas elecciones generales celebradas el pasado domingo. Con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) superando el 90% de las actas procesadas, se ha confirmado que el país andino deberá acudir a una segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio, debido a la enorme fragmentación del voto entre la cifra récord de 35 candidatos presidenciales que se presentaron a la contienda.
La derechista Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ha consolidado su posición en el primer lugar con el 16.95% de los sufragios, asegurando así su pase al balotaje por cuarta vez consecutiva en su carrera política. Sin embargo, la gran sorpresa de las últimas horas la dio un cambio de tendencia en el escrutinio que desplazó del segundo lugar al ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
El lento avance del conteo oficial de la ONPE mantiene en vilo al país andino, que se prepara para una reñida segunda vuelta en junio. Crédito: WLRN
Actualmente, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se ha posicionado en el segundo puesto con el 11.99% de los votos, superando por un estrecho margen a López Aliaga y al centrista Jorge Nieto Montesinos. Esta apretada diferencia ha provocado tensiones en el país; de hecho, simpatizantes de López Aliaga han protestado frente a la sede del Tribunal Electoral, mientras que el candidato ha llegado a ofrecer recompensas económicas a quienes presenten supuestas pruebas de fraude en las mesas de votación, acusaciones que han sido desestimadas por la misión de observación de la Unión Europea.
El proceso electoral peruano estuvo marcado por severos problemas logísticos, incluyendo el retraso en la instalación del 30% de las mesas de sufragio durante las primeras horas de la jornada y la falta de papeletas en algunos centros de votación en Lima, lo que obligó a las autoridades a extender el horario e incluso reprogramar la votación para más de 52,000 ciudadanos. Mientras los tribunales electorales resuelven las últimas actas impugnadas, los peruanos se preparan para elegir en junio a su próximo mandatario, con la lucha contra la inseguridad ciudadana y la crisis económica como sus principales demandas.